Hace unos días se ha aprobado la Ley contra la violencia a la infancia, también llamada Ley Rhodes por el impulso mediático, principalmente, que ha dado el músico inglés a la tramitación de esta legislación. Es una Ley demandada desde hace tiempo por las entidades sociales que trabajan con la infancia. James Rhodes, es una víctima o un superviviente de abusos sexuales, que se hizo popular por la publicación de un libro relatando su experiencia. Aún recuerdo el momento en el empecé la lectura de este libro, los primeros capítulos describen descarnadamente los terribles abusos sufridos, cometidos por su profesor de educación física, recuerdo perfectamente la sensación de repugnancia y sobrecogimiento que me producía la lectura de tales actos y luego pensaba como algo tan horrible pudiera ocurrirle a ningún niño o niña en el mundo.
Los abusos sexuales a la infancia destruyen a la víctima que lo sufre, le altera sus capacidades para entender el mundo y más si no se detectan y se tratan a tiempo. La detección de estos casos principalmente viene por la revelación de la víctima, esta revelación, como en el caso de James, se puede dar al cabo de muchos años de haber sufrido los abusos. Con la anterior legislación los casos de Abuso Sexual Infantil prescribían a los 18 años de haberse cometido el abuso por lo que muchos agresores quedaban impunes, esta Ley pretende conseguir que todos los casos de posible abuso pasen por la justicia, ampliando a 35 los años en que prescriben.
Revelaciones de abuso más o menos explícitas, nos las seguimos encontrando en el día a día del trabajo en los centros de infancia, por suerte los profesionales que trabajan con la infancia, pediatras, profesores/as, educadoras/es son más conscientes y están mas atentos a las posibles señales que un niño, una niña o adolescente pueda lanzar en busca de ayuda y se muestran abiertos a escucharles. Cada vez detectamos más casos de posible abuso, sin embargo aunque existen protocolos, no siempre son conocidos ni cumplidos, y este es otro de los asuntos que trata de resolver la Ley de Violencia contra la infancia. Por un lado establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida (la víctima solo declarará una vez y su declaración será grabada) y por otro lado, pretende la creación de equipos especializados y formados en los cuerpos de seguridad del estado.
También hay que señalar el foco que pone esta ley en los centros de protección, regulando algunas actuaciones cuestionables en casos de conductas desadaptadas de los adolescentes. También se pretende difundir una cultura de prevención de la desprotección, a través de diferentes medidas como la implantación del coordinador de bienestar en los centros educativos y la promoción del enfoque de la parentalidad positiva.
Sin embargo, no puedo ser muy optimista en que esta ley mejore el sistema de protección y la atención que se da a los niños, niñas y adolescentes, por lo menos a corto o medio plazo. Las leyes estatales tienen que plasmarse posteriormente en leyes autonómicas que establezcan protocolos y procedimientos, que organicen los recursos existentes o que creen los necesarios, etc., y todo esto no ha pasado en las anteriores leyes de protección que se aprobaron, en concreto en la Comunidad de Madrid. Aún estamos esperando que se clarifiquen aspectos básicos que venían reflejados en la ley de modificación de protección a la infancia de 2015. En febrero de 2020 anunciaron que iniciaban la tramitación de la nueva ley autonómica pero a día de hoy sigue sin aprobarse.
Es necesario que para que esta ley tenga el impacto deseado en la infancia y adolescencia que reside en España, se realice el esfuerzo económico necesario y sobre todo que exista un verdadero compromiso político de las entidades autonómicas y locales que son en las que recaen realmente las funciones y responsabilidades en materia de protección a la infancia.También es importante que todos los profesionales vinculados a los sistemas de protección nos impliquemos con los valores y principios que emana esta ley que pone en el centro a la infancia y adolescencia y que desde los puestos que ocupemos difundamos y ayudemos a propiciar un cambio en el modelo de atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección.
Es una Ley que viene respaldada por más 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas por lo que en apariencia tiene un gran apoyo social, pero para que este apoyo se concrete en actuaciones concretas y reales es necesario vincular en esta tarea a la sociedad en general. Es responsabilidad de las administraciones lanzar campañas de difusión y sensibilización hacia la población general que fomente la implicación con la infancia vulnerable y en desprotección.
La tarea de proteger a la infancia debe de ser un objetivo prioritario y compartido por una sociedad postCOVID que tendrá que compartir el avance imparable de la digitalización con la misión de no perder el humanismo en el sentido más clásico de la palabra.