El Programa de Intervención para la Promoción de la Autonomía Personal (en adelante: PIPAP) como proyecto dentro del CREA se enmarca dentro de los servicios contemplados por el SAAD gestionados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), orientado a este colectivo con la misión general de promover en todos los territorios del Estado la calidad y eficacia de los servicios y prestaciones del Sistema y en promover en todos los territorios del Estado la mejor atención a estas personas enfermas y sus familias.  

El PIPAP es un recurso especializado en la investigación, análisis, evaluación y conocimiento de las mejores fórmulas para la atención sociosanitaria de las Personas con Discapacidad y sus familias. Con objeto de desarrollar buenas prácticas de intervención en deterioro cognitivo desde una perspectiva holística e integradora.  

En la prestación de este tipo de servicio se requiere que todos los profesionales sociosanitarios implicados respeten los principios éticos de la atención, de manera que las personas usuarias sean tratadas en base a los cuatro principios de la bioética: Autonomía, Beneficencia, No maleficencia y Justicia.  

Por tanto, este proyecto supone crear un recurso específico de atención basado en la intervención no farmacológica de carácter funcional, para promover la independencia específicamente en Personas con discapacidad con deterioro cognitivo leve-moderado y sus familias/cuidadores.  

Los principios éticos en los que mayormente se basa el planteamiento de actuaciones en la PIPAP extraídos de Yanguas, J. J. (2007): 

  • Principio de autonomía y elección. Las personas con discapacidad tienen derecho a mantener el mayor control posible sobre su propia vida. Es decir, a través de este enunciado se reconoce capacidad de autogobierno de las personas con demencia (limitada pero no nula), cierta capacidad de elección entre diferentes opciones.  Ante situaciones de dependencia donde existe un amplio abanico de situaciones que comprometen múltiples áreas y necesidades y que van cambiando en el tiempo, es necesario una respuesta diversa y personalizada (al menos lo más posible).  
  • Principio de participación. Tienen derecho a participar en diversos ámbitos de la vida cotidiana; así como a disfrutar de interacciones sociales suficientes y al pleno desarrollo de una vida personal elegida (sexualidad, vivienda, pareja, etc.). Vivir con una enfermedad significa el desarrollo en los diversos contextos de elementos facilitadores que mejoren su funcionamiento y reduzcan su discapacidad (uso y desarrollo de tecnologías), así como promover actitudes preactivas e integradoras en la comunidad. 
  • Principio de independencia. Las PcD y sus familias han de tener acceso a programas informativo-formativos dirigidos a la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía. Aquéllas que presentan situaciones de fragilidad o de dependencia tienen derecho a recibir apoyos que mejoren su situación, minimicen su dependencia y faciliten su bienestar subjetivo.  
  • Principio de integración social. Las PcD son miembros activos de la comunidad y ciudadanos/as con derechos. Por ello, en una situación de dependencia deben tener la posibilidad de permanecer en su entorno, así como de disfrutar de cuantos bienes sociales y culturales existan, en igualdad con el resto de la población. Asimismo, tienen derecho a tener espacios de participación social. Las intervenciones se realizarán con enfoque comunitario, promoviéndose la participación activa de las personas en los recursos existentes en la comunidad (culturales, artísticas, etc.).  
  • Principio de dignidad. Las PcD tienen derecho al respeto de la diferencia y al de su propia dignidad, cualquiera que sea el estado en que se encuentren con respecto a su capacidad tanto cognitiva como funcional. La ética como disciplina aplicada ha de estar siempre presente en todo el proceso de intervención. Por tanto, hay que incluir en las programaciones vías para que la práctica profesional esté impregnada de un profundo respeto a los derechos humanos: defender la privacidad, el respeto a la diferencia y a la libertad personal, a la par que desechar actitudes sobreprotectoras y actuaciones que puedan caer en la infantilización de las personas adultas.