Donde empiezan los Derechos Humanos universales es en lo cercano, en lugares pequeños como en una tienda, en un restaurante, en una cita médica, en el mostrador de una oficina, en las miradas, en las preguntas que se hacen o no se hacen y en actos que, aunque parezcan obvios y no se vean en un mapa, impregnan la vida cotidiana de las personas con una enfermedad mental de nuestro centros y servicios, facilitando o negando su derecho a ser igual de humanos que el resto. Invertir en servicios psicosociales es un compromiso además de ético avalado por la evidencia de su impacto positivo tanto en las personas como en la sociedad en su conjunto.
Las personas con una enfermedad mental se enfrentan a retos enormes. Es un colectivo que en silencio suelen ser vulnerados en sus derechos. Las consecuencias suelen ser devastadoras: exclusión social, pobreza, discriminación laboral, dificultades para acceder a una vivienda, pérdida de valor como persona y un largo etcétera. Garantizar que sean tratadas como ciudadanos de pleno derecho, con acceso a las mismas oportunidades que el resto de la sociedad es un deber moral. La Convención de la ONU sobre los derechos de las Personas con Discapacidad es una referencia ineludible, pero no es suficiente. El reciente «Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental 2024» de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA documentan las vulneraciones persistentes en nuestro país y refuerzan la urgencia de este cambio de paradigma.
Recientemente hemos participado en la mesa redonda titulada «Implementar un enfoque de derechos humanos en los servicios de salud mental: Retos y oportunidades», en el marco del «I Encuentro de UME de Salud Mental». Este evento, celebrado el 16 de enero de 2026 en Valencia, fue un espacio de reflexión sobre cómo mejorar la atención a las personas con enfermedad mental grave desde una perspectiva de derechos humanos.
Necesitamos transitar desde modelos centrados en la enfermedad hacia modelos centrados en la persona, considerando su proyecto vital y su capacidad de decisión. Reconociendo que cada persona antes que paciente mental es persona. ¿Cómo lo hacemos? Pues describo brevemente algunas de las principales ideas que se describieron en esta Jornada.
Uno de los puntos clave fue la de construir una psiquiatría basada en derechos, que implica reconocer la capacidad de todas las personas con diagnóstico para tomar decisiones sobre su tratamiento y al menos, mientras no se demuestre lo contrario, y con los apoyos necesarios deberían poder hacerlo y están en su derecho. Una de las principales barreras identificadas en la Jornada para la implementación de este enfoque es la cultura institucional excesivamente centrada en diagnósticos y síntomas y plagada de prejuicios a veces bien intencionados respecto a lo que necesitan los pacientes para poder recuperarse, pero que de manera paradójica no les pregunta que necesitan para ello.
También se analizaron los modelos de atención comunitaria, la absoluta priorización de las intervenciones en el entorno natural de la persona y la importancia de los equipos multidisciplinares. Y se identificó la insuficiencia de recursos comunitarios y las dificultades de coordinación como obstáculos a superar.
La participación y el empoderamiento de la persona usuaria fue otro eje central de la Jornada. En nuestros entornos asistenciales se debe promover la toma de decisiones compartida y la participación en órganos de gobierno de centros y servicios. Y se resaltó el papel fundamental del movimiento de las personas con experiencia vivida como asesores, consejeros o como parte de las mismas plantillas multidisciplinares.
También se habló del estigma y la discriminación que enfrentan las personas con enfermedad mental, y no podemos obviar que las creencias estereotipadas de la sociedad y de las mimas instituciones sanitarias y sociales que los tratan están en las raíces de la violación de derechos en esta población.
Otro tema comentado fue la medicalización y el uso racional de psicofármacos objeto de debate hoy más que nunca en nuestro país. La sobreprescripción y los tratamientos de larga duración sin revisión son una práctica más común que lo deseado. Se enfatizó la necesidad de medicalización justa, suficiente y reducida, y que se debe dar la prioridad a intervenciones psicosociales y todo bajo un consentimiento informado que no siempre se da.
Finalmente, se abordó la coordinación sociosanitaria, reconociendo que las personas con problemas de salud mental severos requieren simultáneamente atención sanitaria y social, apoyo residencial, orientación laboral, gestión económica y red de apoyo social.
En esta jornada, Miguel Simón Expósito, Director Técnico y de Relaciones Institucionales de Clariane España, participó como ponente. En su intervención, tuvo la oportunidad de presentar los resultados de nuestras investigaciones, nuestro modelo basado en la rehabilitación psicosocial y nuestra experiencia en la transformación de estas Unidades de Media Estancia como el Centro de Media Estancia Vega del Segura en Murcia. Desde Grupo 5, nuestro trabajo en estas unidades se relaciona directamente con nuestros valores. Pero los valores a veces se quedan escasos si no se acompañan por evidencias concretas. En el estudio pionero realizado por Grupo 5 y AFI sobre «El impacto de los servicios sociales: el caso de Grupo 5», se cuantifica el retorno económico y social de los servicios psicosociales y centrados en las personas, demostrando que por cada euro invertido en servicios que promueven la participación de las personas con enfermedad en la comunidad se genera un valor social que se traduce en mejoras en la calidad de vida, reducción de costes sanitarios y mayor inclusión social. Y por tanto se invierte en Derechos Humanos.
