El incumplimiento de la Ley Ingersoll (jornada máxima laboral de 8 horas diarias de trabajo, bajo el lema 8 horas de trabajo, 8 de ocio y 8 de descanso), dio lugar a que, el 1 mayo de 1886, las organizaciones laborales y sindicales de EEUU convocaran movilizaciones y huelgas por todo el país, reclamando el cumplimiento de esta. Debido a la magnitud de las manifestaciones que tuvieron lugar ese día y con la idea de promover nuevas reivindicaciones laborales y sociales, se fijó como el Día Internacional del Trabajo.

136 años más tarde, el 1 de mayo, no es solo una fecha conmemorativa en honor a los héroes y sucesos de ese día. Año tras año, esta jornada ha sido establecida como el acto para seguir reclamando derechos, consiguiendo avances sociales que han hecho historia, siendo una fecha de reivindicación activa dependiendo del momento socioeconómico que nos encontremos.

Justo ahora, nos movemos en un contexto de mucho ajetreo social por la pérdida de derechos sociolaborales que estamos viviendo en estos últimos años. La precariedad laboral afecta negativamente en la salud general y en la salud mental de los trabajadores. Precariedad entendida como un conjunto de factores en los que se incluye la temporalidad en el empleo, los bajos salarios y la insuficiencia de derechos.

Desde los servicios de salud mental, se está advirtiendo del “aluvión” de pacientes con malas condiciones vitales y laborales que acuden a terapia por problemas de precariedad laboral. El quid de la cuestión lo encontramos cuando aclaran en esta denuncia que ellos no pueden resolver cuestiones sociales ni laborales.

Tanta es la preocupación que se ha creado una Comisión sobre precariedad laboral y salud mental.

Está formada por un importante elenco de profesionales de distintas disciplinas (psiquiatría, derecho del trabajo y de la seguridad social, psicología, prevención de riesgos laborales, filosofía) y coordinada por Joan Benach, profesor de Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este equipo deberá trasladar sus recomendaciones al gobierno en un plazo máximo de seis meses.

El grupo tratará de dirimir cuál es la situación de la precariedad, cómo afecta en la salud mental y qué políticas han de ponerse en práctica.

Por otro lado, un amplio estudio de la UE, que coordina Carme Borrel (Agencia de Salud Pública de Barcelona) sobre la relación entre las políticas sociales y la salud, indican que la precariedad en España es del 48 por ciento (esta afecta, sobre todo, a los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, en el colectivo de las mujeres jóvenes inmigrantes la precariedad alcanza el 90 por ciento). Esta investigación añade que dicha situación está alcanzando a colectivos que, sobre el papel, pueden parecer no vulnerables ya que disponen de trabajos a tiempo completo relativamente estables y con ingresos “sostenibles”, pero sin embargo les persiguen escasos beneficios, pocas oportunidades de formación, participación e implicación. Situaciones laborales en las que se encuentran sobre todo mujeres, oficinistas, trabajadores de servicios o del sector industrial. Y aunque en menor medida también se percibe en los “empleos de cartera”, con elevada cualificación, intensidad y flexibilidad horaria.

La prevalencia de la precariedad laboral es mayor en mujeres (51,4%) que en los hombres (34,1%).

En cuanto a la situación de España con respecto al resto de países europeos a la hora de comparar el ámbito laboral el resultado no es halagüeño.

Al analizar la seguridad en cuanto a la percepción de que se puede perder el empleo, de mayor a menor, España ocupa el lugar 24 de los 34 países analizados, donde los “más seguros” son los nórdicos y los menos los del Este. Respecto a la calidad del empleo, aparece en la posición 19 de 34, donde de nuevo en los polos opuestos están los nórdicos y los de la Europa del Este.

Quizás esto puede hacernos reflexionar un momento sobre la precariedad laboral, cómo afecta esta a la salud mental y cómo se «agarra» a los colectivos en situación de vulnerabilidad.