Siete peticiones para nuestros nuevos cargos políticos (y también para los viejos)

Por Guillermo Bell - Presidente ejecutivo
5 septiembre 2019

Las elecciones del pasado 26 de mayo han supuesto un gran cambio en el mapa de muchas administraciones públicas españolas con competencia en servicios sociales, educativos y sanitarios. Ya sea por un cambio de los partidos que estaban en el gobierno o por un cambio de las personas concretas que van a ocupar puestos de responsabilidad. Aprovechando que en estos días se están acabando de nombrar los últimos cargos, como presidente de Grupo 5 aprovecho este canal para lanzarles a todos siete ideas o deseos para la próxima legislatura. A quien corresponda:

1. Marco jurídico claro y estable

Para que las empresas podamos correr riesgos y hacer inversiones importantes a medio y largo plazo necesitamos marcos jurídicos estables, que tiendan a mantenerse en el tiempo para reducir al máximo la incertidumbre. Los cambios en las necesidades de los usuarios debería ser casi el único factor de cambio. Es fundamental que haya garantías para mantener los presupuestos públicos en servicios sociales y que no puedan modificarse por decisiones arbitrarias.

2. Impulso de proyectos de colaboración público-privada

España necesita muchos más centros y servicios que cubran las necesidades de colectivos vulnerables cada vez más numerosos; con una deuda pública de más del 100% del PIB es inviable que todos ellos se ejecuten directamente desde las administraciones públicas; si queremos más servicios públicos de calidad necesitamos proyectos serios de colaboración público-privada. Aprovechen nuestra capacidad de inversión y nuestra disposición a asumir riesgos controlados.

3. Control estricto de las organizaciones que gestionamos servicios públicos

Para que funcione bien un modelo de colaboración entre administraciones públicas y proveedores de servicios es fundamental que la administración establezca un marco normativo muy claro y que sea absolutamente estricta en el control de los servicios. En muchas administraciones probablemente se necesitarán más recursos públicos para llevar a cabo esta función inspectora de manera eficiente.

4. Homogeneización de normativas entre comunidades autónomas

La igualdad de derechos establecida en el artículo 14 de la Constitución Española no es real cuando hablamos de derechos sociales o sociosanitarios. En materia de catálogo de servicios, copagos, listas de espera, oferta, calidad de servicios y un largo etcétera, la igualdad de derechos entre ciudadanos españoles de diferentes regiones no es más que una quimera.

5. Disminución de la burocracia necesaria para impulsar proyectos

Para fomentar el desarrollo de proyectos por la iniciativa privada es absolutamente necesario que se simplifiquen los trámites burocráticos a casi todos los niveles (licencias urbanísticas, de obra, autorizaciones administrativas…). Plazos de años para poder abrir un centro con un proyecto ya preparado y con financiación cerrada desincentiva totalmente la inversión.

6. De control por ratios a control por resultados

En la mayoría de servicios sociales, sociosanitarios o educativos es perfectamente viable establecer un conjunto de indicadores de control que midan los resultados del servicio ofrecido a los usuarios y permitan comprobar la eficacia a nivel de calidad y la eficiencia a nivel de coste público. Sin embargo el modelo tradicional sigue utilizando modelos de control preventivos, centrados básicamente en ratios de personal, que restringen mucho la innovación y la libertad de gestión y en general no garantizan la calidad de la atención. Y un control por resultados debería ser siempre totalmente transparente, público, con datos a los que debería poder acceder cualquier persona de manera inmediata. La tecnología actual permite hacerlo.

7. Más y mejor financiación pública de los servicios sociales

Si queremos servicios públicos de calidad una condición necesaria es financiarlos suficientemente, incrementando mucho el gasto actual que tenemos de media en España. Más gasto pero utilizado eficientemente y controlado estrictamente. Licitaciones públicas en las que las bajadas económicas sean casi exclusivamente el criterio de adjudicación incentivan recortes en el servicio. Si queremos calidad no incentivemos la precariedad desde la propia administración. Más y mejor financiación permitirá salarios más elevados en nuestro personal que repercutirán, a igual margen para las empresas, en mayor calidad de atención al usuario final.

Todos sabemos que cualquier alto cargo público de servicios sociales es un puesto muy atractivo a priori porque permite tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de personas vulnerables. Pero a la vez los problemas del día a día, siempre con nombres y apellidos concretos, y la habitual falta de medios suficientes, hacen que en ellos se cumpla casi siempre el dicho de que “los árboles no les dejan ver el bosque”. Ahora que todavía se están instalando en sus nuevos puestos es fundamental que dediquen un tiempo a pensar con perspectiva no solo a corto, sino también a medio y largo plazo. Creo que en esto las empresas y organizaciones que llevamos muchos años colaborando con ellos podemos ayudarles.

¿Qué otras ideas les propondrías o qué otras peticiones les haríais vosotros a nuestros nuevos cargos públicos?

4 Replies to “Siete peticiones para nuestros nuevos cargos políticos (y también para los viejos)”

  1. Ali dice:

    A mí me parece bien,ahora bien a parte de ser experto en asuntos.sociales,desde el órgano estatal hasta las empresas gestoras,tienen que tener vocación.en esta tarea que sean HUMANOS.gracias.

  2. Javier Roldán dice:

    Buenos días Guillermo y compañer@s,
    efectivamente la financiación y un marco jurídico estable son condiciones indispensables para ofrecer unos servicios sociales de calidad.
    La actual Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Madrid, por cierto publicada hace ya 16 años, establece en su artículo segundo que el objetivo de los servicios sociales es el de “asegurar el derecho de las personas a
    vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades
    sociales”, entendiendo las mismas como “las
    derivadas del derecho de la persona a realizarse como ser social en el ámbito convivencial,
    interpersonal y familiar, y en el relacional, entre el individuo y su entorno social”.
    Sin embargo los recortes presupuestarios y las políticas de externalización de servicios, primando el ahorro por encima de la calidad, han tenido unos efectos negativos en aras de garantizar los derechos de los más vulnerables y dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales de la intervención social.
    La inversión en gasto social en España está más de dos puntos porcentuales por debajo de la media europea y, desde luego, muy lejos de la de aquellos países de nuestro entorno más avanzados, los cuales deberían ser nuestro referente (o acaso no lo sean desde determinados prismas ideológicos…).
    Me parece especialmente interesante lo referido en el punto 7, ya que creo que las administraciones deberían imponer unas clausulas de mínimos verdaderamente garantistas a la hora de sacar sus pliegos a concurso y así evitar una competencia a la baja que no es sino la antesala de la ya casi endémica precarización del sector. Las bajadas presupuestarias no puede seguir consolidándose como principal criterio de adjudicación, ya que la temporalidad y los bajos salarios acaban afectando a la calidad de la atención. De hecho, y aquí rompo una lanza por mis compañer@s, lo realmente admirable es la profesionalidad y las ganas de seguir formándonos y mejorando con las que aún así afrontamos nuestro trabajo, pese a este techo (casi infranqueable) que congela cualquier aspiración de mejora e incluso estabilidad personal/profesional. Y es que la mayoría de nosotr@s hemos invertido mucho tiempo y recursos en hacer de nuestras profesiones nuestro medio de vida. No pueden ser mera vocación tal como mucha gente aún piensa.
    Esperemos, por tanto, que administraciones, empresas, tercer sector y organizaciones sindicales puedan favorecer una regulación que nos permita ir asemejándonos a los países punteros en políticas sociales. Esto debería beneficiar a todas las partes, al menos si lo que queremos es generar una sociedad de bienestar y no dualizada.
    Muchas gracias por el post, muy pertinente en el actual momento político.

  3. Guillermo Bell dice:

    Hola Alí. Muy de acuerdo en que la humanidad es básica en este trabajo.

  4. Guillermo Bell dice:

    Muchas gracias por tu comentario Javier. Muy interesante lo que dices: “lo realmente admirable es la profesionalidad y las ganas de seguir formándonos y mejorando con las que aún así afrontamos nuestro trabajo, pese a este techo (casi infranqueable) que congela cualquier aspiración de mejora e incluso estabilidad personal/profesional. Y es que la mayoría de nosotr@s hemos invertido mucho tiempo y recursos en hacer de nuestras profesiones nuestro medio de vida. No pueden ser mera vocación tal como mucha gente aún piensa”. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es un mensaje potente que no se traslada lo suficiente, ni a las empresas ni a las AAPP. Tomo nota.

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